Gobiernos digitales: Avances y brechas en transformación tecnológica estatal

La digitalización del sector público avanza en América Central, pero las desigualdades en conectividad, capacidad técnica y voluntad política mantienen una brecha profunda entre la promesa y la realidad. Los gobiernos digitales no solo agilizan servicios, también son clave para combatir la corrupción, fomentar la transparencia y acercar el Estado al ciudadano.

(M&T)-. De acuerdo con el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (EGDI) de la ONU 2022, países como Costa Rica y Panamá lideran la región en digitalización estatal, mientras que Honduras, Guatemala y Nicaragua aún enfrentan grandes rezagos. Las plataformas en línea para trámites, registros y pagos han mejorado en los últimos cinco años, pero su adopción sigue siendo baja en sectores rurales y entre poblaciones con bajo nivel educativo.

Costa Rica ha implementado con éxito el expediente digital en salud y plataformas interoperables en su administración tributaria, lo que ha reducido tiempos de atención y aumentado la recaudación fiscal. Panamá, por su parte, ha impulsado el ecosistema “Panamá Digital” con servicios en línea para más de 80 instituciones. Sin embargo, en la mayoría de los países centroamericanos, el acceso a internet sigue siendo un obstáculo estructural: según la CEPAL, solo el 45% de los hogares rurales tiene conexión a internet en 2023.

Otro reto es la resistencia interna en las instituciones públicas. Funcionarios sin formación tecnológica, procesos manuales arraigados y ausencia de marcos legales actualizados frenan la transformación. El informe “Gobierno Digital en América Latina” del BID destaca que el 70% de los países de la región carece de una estrategia nacional de digitalización integral, y en muchos casos, la ciberseguridad y la protección de datos personales son relegadas a un segundo plano.

No obstante, el avance de la identidad digital es un paso positivo. El Salvador y República Dominicana han lanzado plataformas de identificación electrónica que facilitan trámites y mejoran la focalización de programas sociales, reduciendo el clientelismo político. Pero para que estas herramientas sean efectivas, se requiere confianza ciudadana y protección legal robusta.

La transformación digital estatal debe ir más allá de poner servicios en línea. Requiere inversión sostenida, liderazgo político, colaboración público-privada y una visión centrada en el usuario. La tecnología puede ser una aliada poderosa para la eficiencia y la transparencia, pero solo si se implementa con equidad, ética y visión a largo plazo.

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