La cuarta edición del Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe, un proyecto conjunto entre la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), proporciona evidencia comparativa sobre las actividades que los países de América Latina y el Caribe (ALC) realizan en materia de participación e inclusión; gestión e integridad pública.
(M&T)-. Las economías de la región de ALC tienen un enorme potencial para lograr una transición verde, pero para ello necesitan una gobernanza pública adecuada.Los países de ALC han estado a la vanguardia en la utilización de mecanismos de participación inclusivos. Dichos mecanismos deben generalizarse e implementarse eficazmente para que sean eficaces en alcanzar una transición verde y justa: es crucial una mayor participación sobre todo de los grupos marginados. Sin embargo, 8 de 15 países en la región carecen de estrategias de participación ciudadana para estos grupos.
La confianza en el gobierno sigue siendo un reto, a pesar del fortalecimiento de las democracias en la región. La confianza en los gobiernos de ALC disminuyó del 40% en 2008 al 36% en 2023, y sólo el 31% de la población siente que tiene voz. Por ejemplo, las mujeres continúan subrepresentadas con solamente el 31% de los parlamentarios.
La percepción de la corrupción en la región se mantiene alta. En promedio, el 75% de las personas de los países en la región creen que la corrupción está generalizada en todo su gobierno, en comparación con el 54%, en promedio, de los países de la OCDE. Es necesario contar con estándares de integridad para combatir la corrupción, nivelar el terreno de juego y combatir los conflictos de interés.
Lo que es más importante, es que las medidas de integridad pública se apliquen con mayor firmeza. En ALC, el 93% de los países con datos disponibles tienen estándares que regulan situaciones de conflicto de interés, pero sólo una tercera parte los implementan. En contraste, mientras que sólo el 25% de los países regulan las actividades de lobbing, en el 20% de los países estas regulaciones se ponen en práctica.
Los desafíos de una transición verde son compartidos por los países de ALC y de la OCDE. Sin embargo, teniendo en cuenta los abundantes recursos naturales de los países de la región, estos necesitan avanzar de forma más rápida y ser más concretos en el desarrollo de su capacidad para lograr un crecimiento inclusivo, salvaguardando al mismo tiempo la biodiversidad.
Esto es especialmente crucial debido a que la inversión pública de los países de ALC, que representan el 4.8% del gasto público total, lo que es sustancialmente inferior a la de los países OCDE (7.4%). Las prácticas públicas también podrían ser mucho más ecológicas: sólo el 27% de los países de la región que fueron encuestados alinean sus planes de infraestructura a largo plazo con planes de acción medioambiental o climática, en comparación con el 73% de los países de la OCDE. De los 12 países encuestados, solo 5 utilizan presupuestos verdes.
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