US$365M reorientados en Puerto Rico: ¿Estabilidad eléctrica o freno a la transición limpia?
- Walter Rivera
- 23 jun
- 2 Min. de lectura
Puerto Rico reconfigura su estrategia energética tras la reasignación de $365 millones destinados inicialmente a proyectos solares. La decisión de invertir en plantas fósiles despierta preocupación entre ambientalistas y economistas, que advierten sobre los riesgos de retrasar la transición energética.
(M&T)-. El sistema eléctrico de Puerto Rico ha sido durante años una fuente de inestabilidad, dependencia y frustración. Ahora, con una nueva reasignación de fondos por parte del gobierno federal, el debate gira en torno a una pregunta crucial: ¿modernización eficiente o retroceso energético?
El Departamento de Energía de EE. UU. anunció la redirección de $365 millones inicialmente destinados a la expansión de proyectos solares comunitarios en Puerto Rico, para ser utilizados en la modernización de plantas eléctricas existentes, muchas de ellas operadas con combustibles fósiles. Esta decisión busca “estabilizar” el suministro a corto plazo, pero ha despertado un intenso rechazo por parte de organizaciones ambientales, ingenieros locales y defensores de las energías limpias.
La medida ocurre en un contexto en el que Puerto Rico sigue siendo altamente dependiente de importaciones de petróleo y gas para generar electricidad, con tarifas que duplican el promedio continental de EE. UU. En lugar de acelerar la transición energética, la reasignación podría prolongar el uso de tecnologías obsoletas y contaminantes.
Los fondos redirigidos provienen del programa PR100, una iniciativa lanzada por la administración Biden con el objetivo de que la isla logre 100 % de generación renovable para 2050. Grupos locales alegan que la decisión contradice la visión original del programa y frena la creación de resiliencia comunitaria, especialmente en zonas rurales y vulnerables.
Desde un punto de vista económico, la apuesta por modernizar las plantas fósiles podría implicar inversiones que pronto quedarán varadas, a medida que la transición energética global avance. Expertos advierten que esta estrategia compromete la sostenibilidad fiscal y tecnológica de Puerto Rico.
La respuesta del sector empresarial ha sido ambigua: algunos celebran la posibilidad de reducir apagones a corto plazo, mientras que otros advierten sobre la falta de visión a largo plazo y la necesidad de acelerar los permisos y financiamiento para energías limpias.
Para América Latina y el Caribe, la situación ofrece lecciones clave. Los dilemas entre estabilidad inmediata y transición estructural son comunes en economías en desarrollo. Puerto Rico, como laboratorio energético en un contexto insular, podría marcar precedentes en la forma de equilibrar seguridad energética con sostenibilidad.
El debate no se limita al destino de un fondo, sino al modelo energético del futuro. Invertir en resiliencia real implica descentralización, participación comunitaria y tecnologías limpias. Lo contrario solo perpetúa la dependencia, la inequidad y el riesgo climático.
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