Profesional independiente y elecciones políticas; consideraciones esenciales para el voto

En una carrera contra el reloj para determinar la mejor decisión electoral en los comicios presidenciales y legislativos que se aproximan, es fundamental, y en particular atinencia para el profesional independiente, la consideración de algunos puntos esenciales que afectan de forma directa su vida económica y funcional en el desarrollo de su ejercicio lucrativo, siendo que, antes de dejarse llevar por una decisión emocional, tradición o simple populismo, es de vital importancia el análisis a fondo y estudio de las propuestas políticas ofertadas.

Por: Dr. Juan Diego Sánchez Sánchez, Ph.D

Asesor y analista financiero, abogado, profesor e investigador

(M&T)-. A estos efectos, es de interés la definición del profesional independiente como aquella persona física que puede o no contar con una formación universitaria o técnica, pero que tiene en su haber un acervo de conocimientos estructurados y profundos sobre los cuales ejerce su ejercicio comercial y lucrativo en la sociedad, siendo este su medio de trabajo para la generación de ingresos.

Señalando adicionalmente, que esta persona se configura en su propio empleador, no contando con un salario fijo, sino que al sumir el riesgo de negocio desarrolla su actividad mercantil de forma liberal e independiente, cubriendo las cargas sociales y financieras devenidas de esta gestión.

Al ser el profesional independiente un sujeto mercantil y tributario, es importante recalcar que debe correr por cuenta propia con el pago de sus cargas sociales, así como los impuestos derivados de su operación, esto sin dejar de lago el seguro independiente, así como los demás trámites procedimentales que el Estado impone para el libre desarrollo de la profesión. En esta línea, y antes de ejercer el voto, esta persona debiese considerar los siguientes puntos:

Obligaciones tributarias asociadas: al desarrollar una actividad lucrativa de forma independiente, la persona física debe soportar el pago del impuesto de renta derivado de sus utilidades, cancelable en tres adelantos a lo largo del periodo fiscal, así como el impuesto al valor agregado mensual, esto sin perjuicio de otras obligaciones impositivas que pudiesen surgir, tales como las rentas de capital. Un votante en esta condición debiese considerar como viables para su elección aquellas propuestas que busquen reducir la carga impositiva en materia de la tasa aplicable, así como la posibilidad de una mayor deducción de gastos de operación, además de una simplificación de trámites, no siendo congruente su voto por propuestas estatistas que impliquen más impuestos y procedimientos.

Cargas sociales: la solidaridad en materia de la seguridad social es innegable, donde claramente esta debe ser cubierta por los profesionales independientes de igual manera, no obstante, al ser una persona física que soporta toda la carga de la operación de negocio y asume el riesgo operativo-comercial, la persona debería valorar como beneficiosas las propuestas políticas que plasmen una flexibilización en temas tales como la base mínima contributiva, permitiendo que se cancele el seguro social en función del tiempo real trabajado y no como un estándar general, o bien, la rebaja de esta cuantía de pago para el ejercicio liberal independiente. No tendría procedencia la votación por candidaturas que buscan incrementar los porcentajes asociados, o los cobros retroactivos superiores a los mínimos y tiempos garantizados por la norma.

Trámites y burocracia: un tema asociado a la solicitud de permisos, licencias, patentes y otras similares, las cuales afectan y entorpecen la gestión del profesional independiente, que si bien es cierto, son necesarias para asegurar algunos parámetros mínimos de calidad y funcionamiento, su excesivo uso perjudica el comercio en general. Debe el profesional para este particular, valorar aquellas alternativas que busquen la simplificación de trámites y procedimientos estatales, donde la automatización y digitalización sean la base, no siendo producente la elección de postulados estatistas que busquen crear nuevas instituciones o trabas al ejercicio libre del trabajo.

Protección financiera personal: un aspecto de vital relevancia, pues remite a la certeza jurídica y el resguardo de la esfera de privacidad e intimidad del profesional, esto tanto en su rol como sujeto mercantil, así como de persona individual, resaltando temas tales como el secreto bancario, la autodeterminación informática, datos financieros, entre otros. La persona para este caso debe enfocarse en aquellos candidatos que busquen la ampliación de los mínimos de protección privada de la actividad comercial, no siendo lógica la decisión hacia propuestas ligadas a la accesibilidad libre a cuentas bancarias, la presunción de deudas y la ampliación de la potestad estatal.

Respeto a la propiedad privada: uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, derivado de la protección y seguridad que debe darse sobre la tenencia y posesión de aquellos bienes obtenidos de forma legal por parte de la persona, siendo un derecho consagrado en la misma declaración de Derechos Humanos. Sin duda debe el profesional independiente enfocarse en las candidaturas que persigan la extensión de los límites de protección al haber propietario del ciudadano, donde el respeto a la propiedad misma sea fundamental, limitando el acceso a ella por parte del Estado. En este caso, es evidente la incoherencia ideológica y técnica que se daría si la persona decide votar por un partido político que tenga como ejes la socialización de la propiedad privada, la limitación a la obtención de bienes propios, o de forma extrema, la expropiación a personas o empresas.

Con base en los puntos anteriores, parece ser procedente un examen de consciencia y en lo que debiese ser un ejercicio racional e intelectual, la escogencia de una agrupación política que sea consistente y congruente con los postulados antes señalados, mismos que denotan ser ejes transversales en el ejercicio profesional liberal, y que parecen ser puntos estructurales sobre los cuales una decisión política debería plantearse.

Siendo así, evidentemente el derecho al voto toma mayor relevancia, pero en este escenario no solamente es una facultad del ciudadano, sino también una obligación, la cual tendría que sustentarse en una lógica cognitiva basada en las creencias propias, pero también congruente con la actividad lucrativa y el modo de vida que la persona denota tener, en especial en un contexto donde la mayoría de los puestos de trabajo y actividad económica se generan en el sector privado.