Migración climática: Una emergencia urbana que ya llegó

El cambio climático dejó de ser una amenaza futura para convertirse en un acelerador de crisis sociales en América Latina.

(M&T)-. Hoy, miles de personas no migran por conflictos armados o por razones económicas, sino porque ya no pueden sembrar, pescar ni acceder al agua. Esta nueva categoría de desplazamiento forzado, conocida como migración climática, avanza en silencio, sin marco legal, sin planificación urbana y sin respuestas regionales concretas.

A medida que la temperatura del planeta sigue en aumento, se multiplican los casos de comunidades desplazadas por fenómenos extremos: huracanes, sequías, inundaciones o desertificación de tierras. En regiones como el Corredor Seco Centroamericano, la pesca en Chiloé o los pueblos indígenas en La Guajira, el clima ha transformado el paisaje y las decisiones de vida. Según el Banco Mundial, para 2050 más de 17 millones de personas en América Latina podrían verse forzadas a migrar dentro de sus propios países por causas climáticas.

Más allá de la estadística, la emergencia es tangible. Tras el paso de los huracanes Eta e Iota en 2020, medio millón de personas fueron desplazadas en Honduras y Nicaragua. El impacto fue doble: devastación ambiental y presión sobre ciudades que ya carecían de infraestructura, empleo o vivienda digna. A este escenario se suma un vacío normativo: los llamados “migrantes climáticos” no tienen estatus legal internacional. No son refugiados ni desplazados oficiales, por lo que no reciben asistencia ni protección garantizada.

Mientras países de la Unión Europea avanzan en acuerdos para reasentar a personas afectadas por catástrofes naturales, en América Latina el tema aún no entra con fuerza en la agenda pública ni en los marcos migratorios. La mayoría de los gobiernos no contempla este tipo de movilidad forzada en sus políticas, y menos aún en sus presupuestos de atención humanitaria o gestión del riesgo.

Las ciudades están al límite. Cifras de organismos internacionales revelan que el 30% de la población urbana de la región vive en asentamientos informales. Ciudades como Lima reciben más de 40,000 migrantes climáticos al año, aunque el 40% de sus habitantes tiene dificultades para acceder al agua potable. Bogotá enfrenta la llegada de 1.2 millones de desplazados climáticos y un déficit de más de 320,000 viviendas.

El patrón se repite: migrantes que no logran insertarse en el mercado laboral formal, barrios que crecen sin servicios básicos, jóvenes reclutados por pandillas y conflictos sociales por el acceso a recursos. Se estima que el 80% de los migrantes climáticos termina en zonas marginales, y que el 60% de los conflictos urbanos están relacionados con escasez de recursos. Lejos de ser un fenómeno futuro, el cambio climático ya está redefiniendo el mapa humano de la región.

Para evitar que esta tendencia se convierta en una catástrofe humanitaria irreversible, expertos y organismos internacionales recomiendan una hoja de ruta que incluya: reconocimiento legal temporal de los desplazados climáticos, inversión en adaptación y prevención, fortalecimiento de la gestión del riesgo y políticas que integren un enfoque de derechos humanos.

América Latina tiene una oportunidad histórica de anticiparse. No se trata solo de asistencia humanitaria, sino de evitar que el clima colapse a sus ciudades más vulnerables. El costo de no actuar podría ser mayor que el de cualquier huracán.