Criptoactivos y monedas digitales en economías dolarizadas

La adopción de criptoactivos y monedas digitales en países dolarizados como El Salvador o Panamá ha desatado un intenso debate. ¿Son una vía hacia la inclusión financiera y la innovación o una amenaza a la estabilidad macroeconómica y la regulación?

(M&T)- Desde que El Salvador adoptó el bitcoin como moneda de curso legal en 2021, el interés por los activos digitales ha crecido en toda la región. La medida, impulsada por el gobierno salvadoreño con el objetivo de atraer inversión extranjera, facilitar remesas y reducir costos transaccionales, ha sido el experimento más ambicioso en una economía dolarizada. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y economistas locales han advertido sobre los riesgos asociados a la volatilidad del bitcoin, su escasa aceptación y su potencial uso en actividades ilícitas.

En paralelo, Panamá aprobó una ley para regular el uso de criptoactivos, aunque con un enfoque menos radical. El objetivo es posicionar al país como un hub financiero digital, aprovechando su plataforma bancaria y su economía altamente dolarizada. No obstante, la ausencia de una moneda propia limita la capacidad de maniobra monetaria y eleva los riesgos ante fluctuaciones abruptas en el valor de los activos digitales.

Los bancos centrales de la región observan con cautela, mientras exploran la posibilidad de desarrollar sus propias monedas digitales de banco central (CBDC). De hecho, el Banco Central de Honduras y el Banco Central de República Dominicana han confirmado estudios exploratorios sobre este tipo de moneda digital, que podría mejorar la trazabilidad, reducir costos de emisión y fomentar la inclusión financiera, sin los riesgos de activos descentralizados y sin respaldo.

La informalidad financiera también entra en juego. Según datos del BID, más del 60% de la población adulta en Centroamérica no tiene acceso a servicios financieros formales, lo que hace que muchos vean en las criptomonedas una alternativa viable. Pero sin una regulación clara, esta apertura puede profundizar la vulnerabilidad de los usuarios ante fraudes, hackeos o pérdidas de valor.

Expertos como la economista mexicana Gabriela Siller coinciden en que los criptoactivos pueden tener beneficios si se usan como herramientas complementarias, no sustitutivas, dentro de marcos regulatorios robustos. En ese sentido, la clave para las economías dolarizadas será encontrar un equilibrio entre innovación y prudencia, evitando una adopción precipitada que comprometa la estabilidad financiera y fiscal.

Centroamérica se encuentra en una encrucijada, donde los criptoactivos representan tanto una promesa de transformación como un desafío regulatorio de alto riesgo. Lo que está en juego no es solo la digitalización del dinero, sino la capacidad de los estados para proteger a los usuarios y mantener su soberanía económica en un entorno cada vez más descentralizado.

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