Qué implica la Ley Quincena 25 para trabajadores y empresas en El Salvador
- Walter Rivera
- hace 2 días
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Enero suele poner a prueba el presupuesto de miles de hogares, entre gastos acumulados, inicio del año escolar y compromisos financieros heredados del cierre de año. Bajo ese contexto, el Gobierno de El Salvador presentó una nueva figura de ingreso adicional que busca dar un respiro a las familias y mover el consumo interno en uno de los meses históricamente más complejos.
(M&T)-. El presidente Nayib Bukele informó que el Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa de El Salvador la Ley Quincena 25, una iniciativa que no adelanta salarios ni sustituye pagos existentes, sino que crea un ingreso complementario adicional para personas trabajadoras del sector público y privado.
La Quincena 25 se define como un pago equivalente al 50 % del salario mensual, que se entregará entre el 15 y el 25 de enero de cada año. El beneficio aplicará a trabajadores con ingresos mensuales de hasta US$1,500, y se plantea como un ingreso extraordinario, separado de las quincenas regulares.
Uno de los elementos centrales de la propuesta es su tratamiento laboral y fiscal. El pago no tendrá descuentos de renta, ISSS ni AFP, y no podrá ser embargado, con el objetivo de que el monto llegue íntegro al trabajador y tenga un impacto directo en su capacidad de gasto durante enero.
Desde la óptica institucional, el Ejecutivo ha señalado que la medida busca fortalecer el ingreso disponible de las familias y, al mismo tiempo, dinamizar la economía nacional a través de un aumento puntual del consumo, especialmente en comercio, servicios y pequeños negocios que dependen de la circulación inmediata de efectivo.
Aplicación por sector y calendario
En el sector público, el Gobierno anunció que a partir de enero de 2026 será el primero en cumplir plenamente la ley, aplicándola a todos los empleados públicos que cumplan con los criterios establecidos. Con ello, se pretende dar una señal de cumplimiento y orden administrativo desde el Estado.
Para el sector privado, la implementación será gradual. Durante el primer año, el pago será voluntario, permitiendo a las empresas evaluar su capacidad financiera y ajustar sus sistemas de nómina. A partir del siguiente período, la normativa establece que el cumplimiento será obligatorio, bajo un esquema diseñado para proteger el empleo y evitar impactos abruptos en las empresas.
Como incentivo, el Gobierno contempla que las empresas privadas que otorguen la Quincena 25 de forma voluntaria puedan deducir el 100 % del monto entregado del Impuesto sobre la Renta, lo que convierte el primer año en una etapa de transición y adaptación para el sector productivo.
Más allá del debate político, la Ley Quincena 25 introduce un cambio estructural en la forma en que se conciben los ingresos laborales en enero. Su impacto final dependerá de la implementación, la respuesta empresarial y la capacidad de fiscalización, pero el anuncio deja claro que no se trata de un adelanto salarial, sino de un nuevo pago adicional que se suma al esquema recurrente de ingresos.