Internet sin reglas: El nuevo riesgo para la democracia guatemalteca
La gobernanza de internet dejó de ser una conversación reservada para los expertos en el tema. La tecnología se ha convertido en uno de los debates más relevantes para las democracias modernas, porque cada vez más aspectos de la vida cotidiana dependen de decisiones que se toman en el entorno digital. Por ello, la pregunta central ya no es cuánta tecnología queremos incorporar a nuestras sociedades, sino bajo qué reglas estamos dispuestos a vivir dentro de ella.
Por: Marco Trejo
Consultor senior
(M&T)-. En Centroamérica, esta discusión comienza a ganar espacio en la agenda pública. El creciente interés por la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la digitalización de los servicios del Estado y los derechos de los usuarios en línea coincide con la aparición de espacios de diálogo como el IGF Guatemala 2026, cuyo programa incorpora estos temas relacionados con democracia y libertad de expresión.
Durante años, América Latina abordó la transformación digital desde una perspectiva predominantemente económica. La prioridad era ampliar la conectividad, atraer inversiones tecnológicas y modernizar servicios. Aunque estos objetivos siguen siendo importantes, el escenario actual plantea desafíos más complejos. La expansión de plataformas digitales, la recopilación masiva de datos y el uso creciente de algoritmos para influir en decisiones públicas y privadas obligan a discutir temas que antes parecían lejanos.
La libertad de expresión constituye uno de los puntos más sensibles de este debate. Internet ha democratizado la publicación de contenido como nunca antes en la historia. Hoy cualquier persona puede participar en conversaciones públicas sin necesidad de pertenecer a un medio de comunicación tradicional. Sin embargo, la misma tecnología que amplifica voces legítimas también facilita la difusión de desinformación, discursos de odio y campañas de manipulación. El desafío consiste en encontrar un equilibrio que preserve las libertades sin permitir que el ecosistema digital se convierta en un espacio de impunidad o desinformación permanente.
Cada búsqueda, cada compra en línea y cada interacción en una red social genera información que puede ser utilizada con fines comerciales, políticos o incluso delictivos, por eso la privacidad es muy importante. Muchos usuarios entregan datos personales a diario sin tener plena conciencia del alcance de lo que han hecho. Mientras la economía digital se fortalece, la necesidad de establecer mecanismos claros para la protección de la información personal se vuelve cada vez más urgente. La confianza digital será uno de los activos más valiosos de las próximas décadas.
A ello se suma el reto de la inclusión digital. Hablar de gobernanza de internet también implica preguntarse quiénes participan en la construcción de esas reglas. El propio IGF Guatemala 2026 se presenta como un espacio multiactor que reúne gobierno, sector privado, sociedad civil, academia, comunidad técnica y juventudes para discutir el futuro de internet en el país. Esa diversidad es fundamental, porque las decisiones tecnológicas no pueden quedar exclusivamente en manos de gobiernos o empresas. Un internet abierto, seguro e inclusivo requiere la participación de todos los sectores afectados por sus impactos.
En este contexto, Guatemala tiene una oportunidad histórica. Mientras avanza en agendas de transformación digital, interoperabilidad gubernamental y modernización tecnológica, también puede construir una visión propia sobre derechos digitales y gobernanza. No se trata únicamente de adoptar tecnologías desarrolladas en otros países, sino de definir principios que respondan a las necesidades y valores de la sociedad guatemalteca.
La experiencia internacional demuestra que las sociedades que abordan tarde estos debates suelen terminar reaccionando a crisis de privacidad, ciberseguridad o desinformación. Guatemala tiene la ventaja de poder discutir estos temas mientras aún está definiendo buena parte de su ruta digital. Por eso, la gobernanza de internet no debe verse como una conversación técnica ni académica. Es, en esencia, una discusión sobre derechos, responsabilidad y futuro. Porque al final, la tecnología seguirá evolucionando a gran velocidad; lo verdaderamente importante será decidir cuáles son las reglas que garantizarán que ese progreso continúe estando al servicio de las personas y no en contra de ellas.
El Congreso de la República ha discutido y promovido iniciativas relacionadas con la creación de un sistema nacional de ciberseguridad, bajo el argumento de que el país necesita mejores mecanismos para prevenir amenazas digitales, proteger infraestructura crítica y fortalecer la confianza de los ciudadanos en el ecosistema tecnológico. Sin embargo, la discusión no se limita a los riesgos tecnológicos. También alcanza el terreno de la información y la comunicación pública.
Por otro lado, la conversación se ha extendido al ámbito de la información pública y el papel de las redes sociales en la democracia. En un contexto donde cualquier usuario puede convertirse en generador de contenido, han surgido preocupaciones sobre la proliferación de perfiles anónimos y páginas en plataformas digitales que difunden información sin procesos de verificación, muchas veces dedicadas al descrédito personal, la manipulación de narrativas o la difusión de información falsa.
En este escenario, cobra relevancia la discusión sobre el valor del periodismo profesional y de los medios formalmente constituidos, aquellos que operan bajo marcos legales establecidos, cumplen con obligaciones de transparencia y responden a principios éticos y editoriales. La libertad de expresión es un derecho fundamental que debe protegerse sin reservas, pero también es legítimo debatir cómo promover una conversación pública basada en hechos verificables y responsabilidades claramente identificadas para fortalecer una ciudadanía mejor informada.
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