Evolución Pyme Guatemala 2026: Cómo prepararse para la nueva Ley "antilavado"
- Walter Rivera
- hace 13 minutos
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Las nuevas regulaciones suelen percibirse como una carga adicional para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas. Sin embargo, el verdadero desafío no consiste únicamente en cumplir una normativa, sino en fortalecer los mecanismos que protegen al negocio frente a riesgos legales, financieros y reputacionales.
(M&T).- Ese fue uno de los principales mensajes de la conferencia “¿Cuál será el impacto de la nueva Ley "antilavado" para las pymes en Guatemala?”, presentada por Adolfo Lemus, oficial de Cumplimiento de la Universidad Rafael Landívar y de la Asociación Territorio Compliance, durante Evolución Pyme Guatemala, evento organizado por Connecta B2B.
Durante su exposición, el especialista explicó que la nueva Ley Integral para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo no debe analizarse únicamente desde la perspectiva del cumplimiento regulatorio, sino como una herramienta que puede ayudar a las organizaciones a proteger sus operaciones y fortalecer su competitividad.
Lemus destacó que una de las primeras tareas para las empresas consiste en determinar si su actividad económica se encuentra dentro del listado de sujetos obligados contemplados por la normativa. Aquellas organizaciones incluidas deberán implementar mecanismos específicos de prevención, supervisión y control para evitar que sus productos o servicios sean utilizados en actividades ilícitas.
Sin embargo, aclaró que el impacto de la ley no se limita únicamente a las empresas obligadas por la regulación. Las pymes que sean proveedoras de entidades sujetas a la normativa también podrían verse involucradas en procesos de verificación o requerimientos de información, por lo que recomendó prepararse con anticipación.
Más allá del cumplimiento: construir una cultura de prevención
Uno de los conceptos centrales de la conferencia fue que el compliance debe entenderse como una estrategia de negocio y no únicamente como una obligación legal.
Según Lemus, el propósito de estos controles es impedir que los productos o servicios de una empresa sean utilizados para facilitar operaciones relacionadas con lavado de activos o financiamiento del terrorismo, reduciendo así riesgos económicos, sanciones y daños reputacionales.
Para las empresas que deban cumplir directamente con la ley, el proceso incluye acciones como la inscripción ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la realización de evaluaciones de riesgo, el nombramiento de un oficial de cumplimiento, la elaboración de manuales internos, procedimientos de debida diligencia, monitoreo de transacciones, auditorías y conservación de registros, entre otros mecanismos establecidos por la normativa.
El conferencista también explicó que uno de los cambios relevantes es la posibilidad de que los controles deban extenderse a operaciones internacionales cuando la empresa tenga presencia fuera de Guatemala, aplicando estándares similares en otros países cuando corresponda.
Clientes, proveedores y colaboradores: las principales puertas de riesgo
Más allá de las obligaciones legales, Lemus invitó a las pymes a revisar tres áreas críticas dentro de cualquier organización: clientes, proveedores y colaboradores.
Respecto a los clientes, recomendó fortalecer los procesos de debida diligencia, verificando aspectos como el origen de los fondos, la actividad económica y el propósito de las transacciones. El objetivo es conocer realmente con quién hace negocios la empresa y detectar comportamientos inusuales antes de que representen un riesgo.
En el caso de los proveedores, señaló la importancia de validar antecedentes, experiencia, capacidad operativa y beneficiarios reales de las empresas contratadas, además de incorporar controles para prevenir conflictos de interés, corrupción o relaciones comerciales con compañías ficticias.
Para los colaboradores, el especialista subrayó que la confianza no debe sustituir a los controles internos. Entre las buenas prácticas mencionó la verificación de antecedentes, la segregación de funciones, procesos adecuados de contratación, códigos de ética y canales de denuncia que permitan identificar irregularidades antes de que generen pérdidas para la organización.
Lemus insistió en que muchas consecuencias negativas pueden evitarse cuando las empresas desarrollan una cultura basada en la ética y la transparencia, en lugar de depender únicamente de la confianza entre las personas.
Como reflexión final, planteó una pregunta para los asistentes: si hoy ingresara un cliente de alto riesgo, un proveedor ficticio o un colaborador dispuesto a aprovecharse de la confianza de la organización, ¿la empresa sería capaz de detectarlo antes de que se convierta en una pérdida?
Para el especialista, la respuesta marcará la diferencia entre las organizaciones que simplemente reaccionan ante los riesgos y aquellas que desarrollan capacidades para prevenirlos.
Más allá de las nuevas obligaciones legales, concluyó que la competitividad empresarial también dependerá de generar confianza. En un entorno cada vez más regulado, las empresas más sólidas no serán únicamente las que vendan más, sino aquellas con las que resulte más seguro hacer negocios.