EE.UU. pone fin al cierre gubernamental tras semanas de parálisis administrativa

Después de más de un mes de inactividad, el Congreso de Estados Unidos aprobó un acuerdo bipartidista para reabrir el gobierno federal y poner fin al cierre más prolongado de los últimos tiempos. La medida fue aprobada por el Senado el 10 de noviembre de 2025, permitiendo que los servicios públicos retomen operaciones y que cientos de miles de empleados federales regresen a sus puestos.

(M&T)-. El cierre comenzó el 1 de octubre, cuando expiró la ley de financiación para el año fiscal 2026 sin que demócratas y republicanos lograran un consenso sobre el presupuesto. Las principales tensiones surgieron en torno a la extensión de subsidios de salud vinculados al Affordable Care Act (ACA) y los niveles de gasto público. Mientras los demócratas pedían mantener la cobertura médica y programas sociales, los republicanos buscaban limitar el gasto federal y priorizar áreas de defensa y seguridad.

El acuerdo alcanzado incluye una extensión temporal de la financiación del gobierno hasta el 30 de enero de 2026, la reincorporación de más de 750,000 empleados federales y el pago retroactivo de los salarios retenidos durante la paralización. Además, se aprobaron fondos específicos para los departamentos de Agricultura, Construcción Militar-Veteranos y el Legislativo, asegurando su operación hasta septiembre de 2026.

Aunque se logró destrabar la crisis, el pacto no garantiza la continuidad de los subsidios del ACA. Ambas cámaras se comprometieron a someter el tema a votación antes del cierre del próximo periodo legislativo, lo que mantiene cierta incertidumbre política y fiscal en el horizonte.

Impactos económicos y señales de estabilidad

El cierre tuvo efectos directos en miles de familias y contratistas del Estado. Programas como SNAP (asistencia alimentaria) sufrieron retrasos, mientras que varios proyectos de infraestructura quedaron suspendidos. La reactivación del gobierno trajo alivio a los mercados financieros, que reaccionaron con optimismo ante la reducción del riesgo fiscal.

Analistas señalan que este resultado envía una señal positiva de madurez política y compromiso bipartidista, aunque la estabilidad sigue dependiendo de los acuerdos de enero.

De acuerdo con estimaciones de Reuters y Time Magazine, el costo económico del cierre podría superar los US$6,5 mil millones, incluyendo pérdidas por productividad, retrasos en contrataciones y pagos atrasados a proveedores. Pese a ello, el acuerdo permitió evitar una recesión técnica y restableció la confianza de los inversionistas, especialmente en los sectores de energía, defensa y tecnología.

Durante las más de cinco semanas de cierre, los aeropuertos del país se convirtieron en uno de los puntos más críticos de la crisis. Miles de controladores aéreos, empleados de seguridad de la TSA y personal de mantenimiento trabajaron sin salario o enfrentaron permisos forzosos, lo que generó cancelaciones masivas de vuelos, retrasos y largas filas en terminales como Atlanta, Nueva York y Chicago.

La Administración Federal de Aviación (FAA) reportó que más de 7,000 vuelos fueron retrasados o cancelados en todo el país, afectando tanto a aerolíneas como a pasajeros y operaciones logísticas. La falta de personal en los controles de seguridad incrementó los tiempos de espera hasta en un 60%, mientras que aerolíneas como Delta, United y Southwest debieron ajustar sus itinerarios por limitaciones en el espacio aéreo.

El impacto también se sintió en agencias como la NASA, la EPA y los Parques Nacionales, que suspendieron proyectos, investigaciones y atención al público. Cientos de miles de familias se vieron afectadas por la interrupción de programas sociales como SNAP (asistencia alimentaria) y WIC (nutrición infantil), cuyos fondos se retrasaron durante semanas.

El consenso alcanzado, apoyado por ocho senadores demócratas y el bloque republicano mayoritario, muestra que el diálogo político sigue siendo posible en un entorno polarizado. Sin embargo, persiste el riesgo de nuevos bloqueos presupuestarios si las partes no logran un marco de financiamiento estable antes del 30 de enero.

El final del shutdown deja una lección clara: la economía global depende cada vez más de la estabilidad política estadounidense. Un solo mes de paralización bastó para demostrar que, en el país con la mayor economía del mundo, la cooperación institucional no es solo deseable, sino esencial para mantener la confianza y el crecimiento sostenido.