Crisis energética global y sus efectos inmediatos en Centroamérica

La energía es un motor esencial para el desarrollo económico y social, y cuando su acceso se ve comprometido, los efectos se sienten en todos los sectores productivos.

(M&T)-. La crisis energética global que atraviesa el mundo actualmente no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una combinación de factores: tensiones geopolíticas, volatilidad en los precios del petróleo y el gas, y una transición acelerada hacia energías renovables que aún no logra suplir la demanda de manera uniforme.

En Centroamérica, la vulnerabilidad es mayor debido a la dependencia histórica de combustibles fósiles importados y a la limitada capacidad de generación eléctrica en algunos países. El alza en los precios internacionales de la energía ya se refleja en el aumento de las tarifas eléctricas y de combustibles, lo que encarece los costos de operación de empresas e impacta directamente en la canasta básica de los hogares.

La región enfrenta un doble desafío: garantizar la seguridad energética a corto plazo y, al mismo tiempo, avanzar en una transición sostenible. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la factura petrolera regional puede representar hasta el 5% del PIB de algunos países, lo que significa una fuerte presión sobre las finanzas públicas y el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El sector productivo también resiente esta coyuntura. Industrias como la manufactura, la agricultura y la logística dependen de un suministro constante y asequible de energía. El incremento de los costos reduce la competitividad frente a mercados externos y obliga a replantear estrategias de inversión. Empresas que antes apostaban por expandirse ahora redirigen recursos a cubrir gastos energéticos, afectando su crecimiento y capacidad de innovación.

Frente a este escenario, varios países centroamericanos han intensificado proyectos de diversificación energética. Costa Rica y Panamá lideran en generación renovable, con un peso importante de la hidroeléctrica y la solar, mientras que El Salvador ha apostado por la geotermia y más recientemente por proyectos vinculados al gas natural. Sin embargo, el desarrollo de infraestructura energética es desigual, lo que amplía las brechas entre naciones con mayores recursos y aquellas con limitaciones estructurales.

Además de las iniciativas estatales, el sector privado está impulsando soluciones como la instalación de paneles solares en plantas industriales, el uso de biomasa en procesos productivos y la incorporación de tecnologías de eficiencia energética. Estas medidas buscan reducir la exposición a la volatilidad global, aunque requieren inversiones iniciales significativas que no todas las empresas pueden asumir.

A mediano plazo, los expertos advierten que la crisis energética podría acelerar la transición sostenible en la región, pero si no se acompaña de políticas públicas sólidas y financiamiento adecuado, los países centroamericanos corren el riesgo de profundizar sus desigualdades. La clave estará en fortalecer la cooperación regional, aprovechar los recursos naturales de manera equilibrada y garantizar que los beneficios de la transición energética lleguen también a los consumidores finales.