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Costa Rica crece, pero no genera bienestar para todos: Estado de la Nación alerta sobre deterioro del modelo económico y social

angiecantillo1
hace 2 minutos
5 min de lectura

Aunque la economía costarricense creció un 4,6% en 2025 y la pobreza cayó a su nivel más bajo de la serie reciente, el país enfrenta una creciente concentración de oportunidades, pérdida de empleos, debilidad fiscal y una menor capacidad del Estado para garantizar movilidad social. El Informe Estado de la Nación 2026 advierte que el crecimiento económico está dejando atrás a importantes sectores de la población.



(M&T)-. Costa Rica atraviesa una paradoja económica y social. Mientras sus indicadores macroeconómicos muestran resultados superiores a los de buena parte de América Latina y los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una proporción importante de la población continúa enfrentando dificultades para acceder a empleos de calidad, mejorar sus ingresos y aprovechar las oportunidades que genera el crecimiento productivo.


Esta es una de las principales conclusiones del Informe Estado de la Nación 2026, que advierte sobre el debilitamiento progresivo de los mecanismos que históricamente permitieron al país combinar crecimiento económico, inversión social y movilidad social.


El estudio revela que la economía costarricense creció un 4,6% en 2025, frente al 1,8% registrado por los países de la OCDE y el 2,3% de América Latina y el Caribe. Sin embargo, ese dinamismo no estuvo acompañado de una expansión equivalente del empleo ni del poder adquisitivo de los hogares.

Entre el segundo y el cuarto trimestre de 2025, el país perdió aproximadamente 100.700 puestos de trabajo, pese a que la tasa de desempleo disminuyó del 7,5% al 6,3%. La aparente contradicción se explica, en parte, por el aumento de personas que dejaron de participar en el mercado laboral.


El informe identifica un problema estructural: el crecimiento se concentra cada vez más en sectores productivos sofisticados, capaces de generar un importante valor económico, pero con una capacidad relativamente limitada para absorber trabajadores.


Esta desconexión está profundizando las diferencias entre actividades productivas, territorios y grupos sociales.


Una economía que produce más, pero distribuye menos oportunidades


El crecimiento económico costarricense ha estado impulsado por actividades de alta productividad, particularmente aquellas vinculadas con los regímenes especiales de exportación y los servicios modernos.


No obstante, los beneficios de esta expansión no llegan de manera uniforme al conjunto de la economía. El Estado de la Nación señala que la diferencia entre el producto interno bruto (PIB) y el ingreso nacional disponible se multiplicó por 2,4 durante la última década y alcanzó una brecha equivalente a 2,5 veces la observada en América Latina y el Caribe.


Este fenómeno evidencia que una proporción creciente del valor producido en Costa Rica no se traduce en ingresos disponibles dentro del país, entre otros factores por la salida de rentas asociadas con inversiones extranjeras.


El problema adquiere particular relevancia cuando se analiza junto con el comportamiento del mercado laboral. Cerca del 38% del empleo nacional corresponde a actividades informales, una condición que limita el acceso a garantías laborales y mecanismos de protección social.

Además, la informalidad ya no se concentra exclusivamente entre personas con baja escolaridad. La participación de trabajadores calificados dentro de este segmento pasó del 22% en 2015 a aproximadamente el 33% en 2025.


Esto sugiere que incluso una mayor preparación académica no garantiza necesariamente el acceso a un empleo formal.


La situación se agrava para mujeres, jóvenes y habitantes de regiones periféricas, quienes enfrentan mayores dificultades para incorporarse a los segmentos más dinámicos de la economía.


La pobreza disminuye, pero no necesariamente por mejores empleos


Uno de los resultados más favorables del período fue la reducción de la pobreza por ingresos, que pasó del 18% de los hogares en 2024 al 15,2% en 2025, el nivel más bajo registrado en la serie reciente.


Sin embargo, el Informe Estado de la Nación introduce un elemento fundamental para interpretar esta mejoría: la disminución no estuvo impulsada principalmente por una transformación del mercado laboral.


Según el análisis del Programa Estado de la Nación, la reducción del tamaño de los hogares explicó el 41% de la caída de la pobreza, mientras que las transferencias monetarias estatales representaron un 20% y otras transferencias monetarias contribuyeron con otro 20%.


En términos económicos, esto significa que una parte importante de los hogares logró superar el umbral de pobreza por cambios en su composición demográfica y por recursos recibidos, no necesariamente por una mejora sustancial en sus oportunidades productivas.


La distinción resulta determinante para evaluar la sostenibilidad de estos avances. El informe advierte que superar estadísticamente la línea de pobreza no garantiza que una familia disponga de las condiciones necesarias para acceder a educación de calidad, servicios de salud, transporte, recreación o mejores oportunidades laborales.


De hecho, el análisis de los patrones de consumo identifica seis grupos de hogares con diferentes capacidades económicas. Mientras aproximadamente un tercio dispone de recursos suficientes para mantener un consumo amplio y diversificado, otro tercio concentra buena parte de sus ingresos en cubrir necesidades básicas.


Esta segmentación evidencia que las posibilidades de bienestar dependen cada vez más de la capacidad económica de cada familia.


Las exportaciones enfrentan nuevas amenazas


El sector externo, principal motor de la expansión económica nacional, también muestra señales de vulnerabilidad. Aunque las exportaciones de bienes crecieron un 13,6% en dólares corrientes durante 2025, el informe señala una caída del 3,6% en el volumen exportado, lo que revela diferencias importantes entre el valor de las ventas externas y su comportamiento en términos reales.


El estudio también documenta una disminución de 2.205 puestos de trabajo en zonas francas entre julio de 2025 y julio de 2026. Estas cifras coinciden con un contexto internacional marcado por mayores tensiones comerciales, cambios en la política arancelaria estadounidense e incertidumbre geopolítica. La concentración de las exportaciones constituye otro factor de riesgo.

Estados Unidos recibe el 47% de las ventas externas costarricenses, una participación superior en 5,7 puntos porcentuales al promedio registrado entre 2010 y 2024. Paralelamente, el índice de concentración de productos exportados, medido mediante el indicador Herfindahl-Hirschman, se multiplicó por 2,3 entre 2015 y 2025.


La combinación de una elevada dependencia comercial de Estados Unidos y una canasta exportadora más concentrada aumenta la exposición de Costa Rica ante cambios regulatorios, comerciales o económicos en sus principales mercados.


El Banco Central también ha reconocido una moderación del crecimiento nacional. En su Informe de Política Monetaria de octubre de 2026 estimó una expansión del PIB del 3,2% para este año y un crecimiento promedio cercano al 3,5% para el período 2027-2028.

Banco Central de Costa Rica


La congestión vial y el crimen organizado agregan costos a la economía


A los problemas productivos y fiscales se suman otras presiones que afectan la competitividad. Una de ellas es la congestión vehicular.


El informe estima que una persona que utiliza diariamente el tramo entre La Uruca y La Garita de la Ruta 1 para desplazarse al trabajo asume un costo privado anual por congestión equivalente a 2,8 salarios mensuales brutos. La situación persiste pese a las inversiones realizadas en infraestructura vial durante los últimos años.


En 2025, Costa Rica alcanzó una tasa de 384 vehículos por cada 1.000 habitantes, mientras que la cantidad de operadores de autobuses se redujo un 29% entre 2019 y abril de 2026.

El estudio concluye que la construcción de carreteras, por sí sola, resulta insuficiente para resolver los costos asociados con la movilidad.


Otra preocupación emergente es lo que el Estado de la Nación denomina la "tercera economía": la expansión de las actividades vinculadas con el crimen organizado y su creciente interacción con los mercados legales.


Entre 2020 y 2025, la cantidad de organizaciones criminales desarticuladas aumentó 2,4 veces y su presencia territorial pasó de 17 a 37 cantones. El informe también señala que las denuncias por delitos informáticos se multiplicaron por seis entre 2019 y 2025 y recoge estimaciones según las cuales el comercio ilícito equivale al 3,5% del PIB.

La investigación advierte que los capitales procedentes de actividades criminales pueden introducir distorsiones en los precios, afectar las decisiones de inversión y debilitar el funcionamiento de los mercados.


Los riesgos identificados incluyen sectores como comercio, transporte, almacenamiento, servicios financieros, construcción, actividades inmobiliarias y turismo.

No obstante, los investigadores reconocen que todavía se requieren mediciones sistemáticas para dimensionar con mayor precisión la penetración de estas actividades en la economía formal.



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