La institución dio a conocer el informe "Nuevos enfoques para cerrar la brecha fiscal" en dónde concluye que la inversión social y en infraestructura podrían convertirse en los motores del crecimiento y la prosperidad compartida.
(M&T)-. Según el Banco Munida, se calcula que el producto interno bruto PIB regional crecerá 3,0% en 2022, una tasa mayor a lo previsto anteriormente debido al alza en los precios de las materias primas.
Sin embargo, la incertidumbre por la guerra en Ucrania, la subida de las tasas de interés en los países desarrollados y las persistentes presiones inflacionarias impactarán sobre las economías de la región. En ese sentido, se prevén tasas de crecimiento bajas, de 1,6% y 2,3% en 2023 y 2024, respectivamente.
Los datos son similares a los observados en la década de 2010, por lo que la institución considera insuficientes para lograr avances significativos en términos de reducción de la pobreza. La inflación, que si bien en la mayoría de los países se encuentra en los niveles de la OCDE, requiere de esfuerzos continuos para que esta descienda al nivel de los objetivos anteriores.
“La mayor parte de las economías recuperaron sus niveles prepandemia, pero esto no es suficiente. Los países de la región tienen la oportunidad de reconstruir mejor luego de la crisis y lograr sociedades más justas e inclusivas”, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. “Además de poner en marcha las reformas e inversiones necesarias para acelerar el crecimiento, los gobiernos deben encarar los costos estructurales: los años de escolarización perdidos, las vacunas no suministradas y el impacto diferido de la inseguridad alimentaria que la recuperación del PIB disimula”.
La región está bien posicionada para replantear su trayectoria de desarrollo. El empleo prácticamente recuperó sus niveles de prepandemia, las escuelas reabrieron y, con excepciones en el Caribe, la elevada tasa de vacunación contra la COVID-19 permitió el regreso a la normalidad.
Pese a esos datos, las secuelas de la crisis persisten y deben ser atendidas, pese a que la pobreza monetaria descendió del 30% en 2021 al 28,5% en 2022, continúa en un nivel alto al tiempo que los costos a largo plazo de la crisis en la salud y la educación deben ser subsanados de manera urgente, tanto para reactivar el crecimiento como para mitigar el aumento en la desigualdad.
“Manejar la carga creciente de las deudas resultantes de la crisis mientras se genera un margen fiscal suficiente como para realizar inversiones que promuevan el crecimiento requiere de nuevas fuentes de ingresos que deberán ser cuidadosamente analizadas, así como un mejor uso del gasto existente. En promedio, se podría ahorrar el 17 por ciento del gasto público y, en dos tercios de los países, este ahorro serviría para eliminar los actuales déficits fiscales”, dijo William F. Maloney, economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. “Racionalizar el gasto del sector público es un paso hacia la construcción de gobiernos más eficientes, receptivos y confiables”.
El informe plantea que los países deben analizar cuidadosamente sus opciones de gasto público y de política tributaria para favorecer la equidad y evitar potenciales efectos adversos. Esto incluye mejorar la eficiencia del gasto: en promedio, el 4,4% del PIB — o 17 por ciento del gasto público— se malgasta en transferencias mal dirigidas, deficiencias en las contrataciones públicas y políticas de recursos humanos ineficientes.