¿Solución ambiental o carga fiscal? El debate sobre los impuestos verdes

A medida que el cambio climático se intensifica, los gobiernos latinoamericanos enfrentan la presión de adoptar medidas más firmes para promover la sostenibilidad.

(M&T)–. Una de las herramientas más discutidas (y también más polémicas) es la implementación de impuestos verdes, diseñados para penalizar actividades contaminantes y fomentar prácticas más responsables en las empresas. Pero, ¿realmente están funcionando o se han convertido en una carga fiscal más para el sector productivo?

Los impuestos verdes se aplican sobre emisiones de carbono, uso de combustibles fósiles, residuos no reciclables o extracción de recursos naturales, entre otros. Países como Colombia, México, Argentina y Chile ya han implementado medidas en esta línea, mientras que otros como Costa Rica y Panamá están en proceso de debatir sus propios marcos normativos.

En teoría, el objetivo es doble: recaudar fondos para proyectos ambientales y modificar el comportamiento de empresas y consumidores.

Sin embargo, el impacto real ha sido desigual. Algunos sectores empresariales argumentan que estos impuestos han sido diseñados sin criterios técnicos claros, lo que los convierte en una barrera más que en un incentivo para la sostenibilidad. En varios casos, la carga recae desproporcionadamente sobre pymes que no cuentan con los recursos para adaptarse rápidamente a nuevas normativas o invertir en tecnologías limpias.

Por otro lado, organismos como la CEPAL y el Banco Mundial insisten en que una política fiscal verde bien estructurada puede generar beneficios ambientales, sociales y económicos, siempre que se combine con incentivos, apoyo técnico y reinversión transparente de lo recaudado. La clave está en que el impuesto no sea recaudatorio por sí mismo, sino que funcione como un catalizador de transformación sostenible.

Algunos países han optado por modelos híbridos: compensación de emisiones, créditos fiscales por prácticas sostenibles o devolución parcial del impuesto si la empresa demuestra reducción de su huella ambiental. Estos esquemas permiten transitar hacia una economía baja en carbono sin afectar drásticamente la competitividad del sector productivo.

El dilema se profundiza en economías en desarrollo, donde la sostenibilidad compite con la urgencia de crecimiento económico y generación de empleo. En este contexto, el diseño de políticas verdes debe ser participativo, escalonado y sensible al tejido empresarial local.

Los impuestos verdes, bien implementados, pueden ser parte de la solución. Pero si se convierten en un castigo mal enfocado, podrían frenar la innovación, cerrar empresas y debilitar la confianza. En la ruta hacia un desarrollo más sostenible, el equilibrio entre regulación y acompañamiento será la clave.

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