República Dominicana traza su hoja de ruta 2026 con foco en resultados y bienestar
- M&T

- 15 ene
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La planificación pública entra en una fase decisiva cuando priorizar, coordinar y ejecutar deja de ser un ejercicio técnico y se convierte en una señal política. En un contexto regional marcado por presiones sociales y expectativas crecientes, definir metas claras y medibles se vuelve central para sostener la confianza ciudadana.

(M&T)-. El Gobierno de la República Dominicana realizó un Consejo de Ministros extendido para definir y priorizar las metas estratégicas de 2026, alineando planificación, presupuesto y mecanismos de seguimiento con un enfoque explícito en resultados e impacto social. La jornada fue encabezada por el presidente Luis Abinader, acompañado por la vicepresidenta Raquel Peña, y reunió a ministros y altos funcionarios en una sesión de trabajo de día completo.
Durante el encuentro, se reafirmó que la priorización no implica abandonar otros compromisos del Estado. Así lo señaló Félix Reyna, director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, quien explicó que el énfasis en metas clave busca concentrar esfuerzos para generar impactos medibles, sin desatender el conjunto de responsabilidades gubernamentales. Reyna añadió que el mandatario insistió en el seguimiento riguroso del trabajo, la transparencia y el manejo pulcro de los recursos públicos como condiciones para una ejecución efectiva.
Metas 2026: articulación sectorial y ejecución con seguimiento
En la sesión celebrada en el Palacio Nacional, el ministro de Seguimiento y Coordinación de Prioridades, Luis Madera, presentó los principales enfoques estratégicos para 2026, que abarcan salud, seguridad, agua, energía, educación, empleo, agricultura y eficiencia estatal. En infraestructura y servicios básicos, se priorizará aumentar el abastecimiento de agua potable, reducir pérdidas energéticas y fomentar energías renovables; además, se impulsarán acciones contra el hambre, aumentos salariales por encima de la inflación y la refocalización de transferencias sociales condicionadas.
En salud, el Gobierno enfocará esfuerzos en fortalecer el primer nivel de atención, avanzar en la reforma de la seguridad social, consolidar la política nacional de medicamentos, mejorar la red de hospitales traumatológicos y reforzar la atención a la salud mental. Para la generación de empleo formal, la estrategia se apoya en formación técnica, inglés como segunda lengua, carreras STEM y regímenes especiales de formalización. En educación, las prioridades incluyen infraestructura escolar, cobertura de educación inicial, retención en secundaria y la expansión de instituciones como la UASD, Infotep y ITLA.
El eje de desarrollo agrícola y sostenibilidad contempla mecanización del campo, tecnificación del riego, compras estatales para el desarrollo, manejo de cuencas, ordenamiento territorial y seguros paramétricos para el sector. En efectividad del Estado, se acelerará la iniciativa “Burocracia Cero”, junto con controles previos contra la corrupción y el monitoreo de la calidad de los servicios públicos.
Más temprano, el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza informó que este fue el Consejo de Ministros extendido número 55 desde agosto de 2020, concebido para articular y alinear esfuerzos en torno a las 10 metas prioritarias de 2026. Paliza destacó que la jornada marca el inicio de una nueva etapa y se vincula con ajustes recientes en el gabinete, orientados a una transformación con impacto en la calidad de vida.
El proceso contó con acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la participación de Sir Francis Maude, exministro del Reino Unido, quien ofreció una conferencia magistral sobre priorización y articulación gubernamental como herramientas para legados de gestión sostenibles. Este Consejo constituyó el segundo momento de la “Jornada de Articulación: Acciones priorizadas para las metas de Gobierno 2026”, iniciada en octubre de 2025 con consultas a organizaciones sociales de mujeres, jóvenes, niñez y personas envejecientes.
Al cierre, las instituciones asumieron compromisos de ejecución con criterios de eficiencia, transparencia y cercanía, y se definieron mecanismos de seguimiento, medición y ajuste para evaluar avances durante 2026. Las decisiones adoptadas serán de cumplimiento obligatorio y servirán como base para el monitoreo continuo del desempeño gubernamental.









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