¿Por qué las pyme enfrentan mayores barreras para competir en Costa Rica?

¿Qué está frenando la competitividad de la industria manufacturera en Costa Rica? Lejos de disiparse, las barreras estructurales parecen intensificarse, según la más reciente encuesta de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).

(M&T)-. Desde infraestructura rezagada hasta una carga social que golpea con más fuerza a las pequeñas empresas, el panorama 2025 exige respuestas urgentes.

De acuerdo con la Encuesta de Perspectivas Empresariales 2025, los principales obstáculos que enfrentan las empresas del sector manufacturero costarricense siguen siendo el tipo de cambio, las altas cargas sociales y la escasez de talento humano calificado. Estos factores, señalados también en años anteriores, confirman que los retos persisten y requieren una estrategia nacional de largo plazo.

Uno de los hallazgos más reveladores del estudio es el ascenso de nuevos factores limitantes, como la infraestructura general, la seguridad ciudadana y la logística en puertos y carreteras. En 2025, la infraestructura subió del tercer al segundo lugar en impacto negativo, y la seguridad ciudadana avanzó del noveno al sexto puesto. El costo de la energía también se consolidó como un factor transversal, subiendo al cuarto lugar del índice de incidencia.

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) reportaron ser especialmente afectadas por las cargas sociales y la competencia informal, lo que compromete su capacidad de crecimiento. En contraste, las empresas de Zona Franca señalaron como prioritarios la disponibilidad de talento humano y el alto costo de la electricidad, además del tipo de cambio. Esto evidencia diferencias importantes según el régimen en el que operan y el tamaño de las empresas.

Ante este panorama, la CICR propone una Agenda de Competitividad con acciones estructurales. Entre los proyectos clave se destacan la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, enfocada en promover tarifas competitivas con energías limpias; la reforma a la Ley del INA, para mejorar la pertinencia del sistema de formación técnica; y el proyecto de Jornadas Excepcionales, que busca brindar flexibilidad laboral con seguridad jurídica para sectores estratégicos.

Respecto a las cargas sociales, la organización retoma recomendaciones de la OCDE, que sugiere revisar aquellas que no están vinculadas directamente al financiamiento de salud o pensiones. Según el estudio, este tipo de cargas representa una limitación crítica para emprender y para reducir la informalidad, sobre todo en el segmento de las PYME.

Sergio Capón, presidente de la CICR.

El estudio se basó en una muestra representativa de 111 empresas industriales formales con al menos tres trabajadores, abarcando el 24.4% del empleo formal del sector manufacturero privado registrado al 31 de diciembre de 2024. El trabajo de campo se realizó entre marzo y junio de 2025 y garantiza un 95% de nivel de confianza, con un margen de error promedio del 3.1%.

Sergio Capón, presidente de la CICR, reiteró la necesidad de un abordaje coordinado: “Estos factores deben enfrentarse con sentido de urgencia, visión de país y acciones multisectoriales que fortalezcan el entorno de negocios, incentiven la inversión y generen empleo sostenible”.