El Salvador busca equilibrar productividad y justicia en su legislación laboral

¿Puede una legislación laboral equilibrar productividad, equidad y modernización al mismo tiempo? Esa es la pregunta que hoy enfrenta El Salvador, que busca redefinir su marco legal frente a los modelos de Honduras y Guatemala, dos economías con estructuras normativas distintas pero desafíos similares.

(M&T)-. Aunque el país sobresale por la claridad y precisión de sus leyes laborales, mantiene una estructura rígida en materia de vacaciones, despidos y constitución sindical, lo que limita su capacidad de adaptación a las nuevas dinámicas del empleo formal y digital. Expertos señalan que actualizar la legislación sería un paso clave para fortalecer la productividad sin sacrificar la justicia social ni la competitividad regional.

En la región del Triángulo Norte Centroamericano, los Códigos de Trabajo comparten una base común, pero difieren en aspectos críticos. En El Salvador, la jornada diurna es de 8 horas o 44 semanales, mientras que la nocturna reduce a 7 horas o 39 semanales, con un recargo del 25% por nocturnidad. Honduras replica el modelo salvadoreño e incluye una jornada mixta de 7 horas diarias, y Guatemala establece límites de 44, 42 y 36 horas, según el turno. Esta armonización parcial contrasta con los desafíos de fiscalización y flexibilidad que cada país enfrenta.

Uno de los aspectos más debatidos es el régimen de vacaciones. En El Salvador, el trabajador recibe 15 días calendario tras un año de servicio, con un 30% adicional de remuneración, pero el descanso real es menor al no ser días hábiles. Honduras, en cambio, ofrece un sistema progresivo que llega a 20 días hábiles a partir del cuarto año, mientras Guatemala mantiene 15 días hábiles. Este punto refleja cómo el país salvadoreño debe repensar su normativa para incentivar el bienestar sin comprometer la eficiencia productiva.

Otro componente esencial es el aguinaldo, un beneficio arraigado en la cultura laboral centroamericana. En El Salvador, se calcula entre 15 y 21 días de salario, según la antigüedad, lo que garantiza proporcionalidad y equidad. Honduras lo equipara a un mes de salario promedio, y Guatemala permite su pago en dos partes según los ingresos ordinarios. Aunque el modelo hondureño resulta más beneficioso para el empleado, también puede generar presión sobre las micro y pequeñas empresas, un sector vital para el tejido económico regional.

El punto más sensible sigue siendo el despido sin causa justificada. La ley salvadoreña otorga 30 días de salario básico por año trabajado, con un tope máximo de US$1,612.80, cifra que afecta a quienes perciben ingresos más altos. En contraste, Honduras y Guatemala aplican una indemnización de un mes completo por año sin límite de salario, ofreciendo una reparación más equitativa. Este contraste refleja el dilema entre previsibilidad empresarial y protección laboral efectiva.

En el terreno de la libertad sindical, las diferencias también son evidentes. El Salvador exige un mínimo de 35 trabajadores para formar un sindicato, frente a 30 en Honduras y 20 en Guatemala, lo que representa una barrera para la organización de empleados en empresas medianas. Asimismo, la protección del fuero sindical en El Salvador y Guatemala se extiende hasta un año después de cesar en el cargo, mientras que en Honduras dura seis meses.

La conclusión es clara: los tres países comparten principios de justicia laboral, pero su grado de modernización y flexibilidad es desigual. En un entorno donde el trabajo remoto, las plataformas digitales y las nuevas modalidades de contratación ganan terreno, El Salvador necesita un marco que equilibre la protección del trabajador y la competitividad del empleador.

Con esa visión, BDS Asesores organiza el Seminario “Relaciones Laborales Inteligentes: Buenas Prácticas para El Salvador, Honduras y Guatemala”, que se celebrará el 7 de noviembre en el Hotel Holiday Inn de San Salvador. Participarán los expertos Jaime Solís (El Salvador), Heidy Chinchilla (Guatemala) y Ángel Herrera (Honduras), quienes analizarán las tendencias, desafíos y herramientas legales para fortalecer los modelos laborales regionales.

Modernizar el trabajo no significa perder derechos, sino construir un sistema que premie la responsabilidad, la productividad y la equidad. Solo así El Salvador podrá consolidarse como un referente regional donde el trabajo digno sea una práctica diaria y no una promesa pendiente.