Costa Rica redefine su escenario político tras las elecciones presidenciales de 2026

El mapa político de Costa Rica volvió a moverse este fin de semana. Las urnas no solo definieron un nuevo liderazgo, sino que también reflejaron el peso que temas como la seguridad ciudadana, la gobernabilidad y la continuidad institucional han tomado en la agenda pública del país. La jornada electoral se convirtió así en un termómetro del momento político y social que atraviesa una de las democracias más estables de América Latina.

(M&T)-. Las elecciones generales se celebraron el domingo 1 de febrero de 2026, tal como lo establece la Constitución costarricense. En esta jornada, los ciudadanos eligieron presidencia, dos vicepresidencias y los 57 escaños de la Asamblea Legislativa, en un proceso organizado y supervisado por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Los resultados preliminares confirmaron una victoria en primera vuelta, un escenario poco frecuente en el contexto político reciente del país. La candidata oficialista Laura Fernández Delgado obtuvo alrededor del 48.3 % de los votos, superando el umbral constitucional del 40 % requerido para evitar una segunda ronda electoral. Esta diferencia le permitió imponerse con claridad frente al resto de aspirantes.

En segundo lugar se ubicó Álvaro Ramos Chaves, del Partido Liberación Nacional, quien alcanzó cerca del 33.4 % de los votos y reconoció públicamente el resultado tras el cierre de las urnas. El resto de los 20 candidatos presidenciales no logró superar cifras significativas, evidenciando una alta fragmentación política fuera de las dos principales fuerzas.

La elección estuvo marcada por una participación cercana al 69 % del padrón electoral, una cifra considerada alta en comparación con procesos anteriores. Entre los factores que influyeron en el comportamiento del electorado destacaron la preocupación por el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico, el debate sobre la eficiencia del Estado y la necesidad de respuestas más firmes en materia de seguridad y control institucional.

La presidenta electa llega al poder con un perfil de continuidad política. Fernández se desempeñó como ministra de Planificación y posteriormente como ministra de la Presidencia durante la administración de Rodrigo Chaves Robles, quien no podía optar por la reelección inmediata. Su campaña estuvo centrada en mantener la línea del gobierno saliente, con énfasis en reformas administrativas, fortalecimiento del aparato estatal y una postura más estricta frente al crimen organizado.

Más allá del resultado presidencial, el nuevo equilibrio en la Asamblea Legislativa será clave para la gobernabilidad del próximo periodo. Aunque el bloque afín al oficialismo logró una representación relevante, no alcanzó una mayoría calificada, lo que obligará a negociar acuerdos para avanzar en reformas estructurales durante los próximos cuatro años.

La toma de posesión está prevista para el 8 de mayo de 2026, fecha en la que iniciará formalmente el nuevo mandato. Con ello, Costa Rica abre una etapa que combinará expectativas de continuidad con el desafío de responder a demandas sociales cada vez más urgentes, en un entorno regional marcado por tensiones económicas y de seguridad.