COP30: Lo que está en juego para la economía de América Latina

La COP30 continúa en Belém con una agenda climática que, por primera vez en años, coloca a la economía en el centro de casi todas las discusiones. Los temas que avanzan hasta hoy (financiamiento, transición energética, protección de bosques y nuevas alianzas globales) están delineando un escenario que tendrá repercusiones directas en el crecimiento, la inversión y la competitividad de América Latina y el Caribe durante la próxima década.

(M&T)-. El punto económico más destacado hasta el momento es la hoja de ruta “Baku to Belém”, que propone movilizar US$1.3 billones anuales en financiamiento climático hacia 2035. Para América Latina, esta cifra no solo representa una fuente potencial de recursos, sino un cambio estructural en la manera en que los países podrían financiar infraestructura resiliente, energía renovable y adaptación climática. La región ha sido históricamente beneficiaria insuficiente de los fondos globales, por lo que el debate actual gira en torno a asegurar acceso real, no solo compromisos.

Otro eje con impacto económico directo es la iniciativa brasileña Tropical Forest Forever Facility, que plantea un mecanismo internacional de largo plazo para financiar la conservación de bosques tropicales. Para países amazónicos y centroamericanos con riqueza forestal, este tipo de mecanismos abre oportunidades de ingresos, inversión y empleo vinculados a bioeconomía, monitoreo satelital, carbono forestal y desarrollo sostenible. También redefine el rol económico de la Amazonía, no solo como un recurso ambiental, sino como un activo estratégico.

La transición energética es otro punto crítico para la región. En las discusiones de la COP30, América Latina aparece como una de las pocas regiones con potencial para combinar crecimiento económico con reducción de emisiones gracias a su matriz eléctrica más limpia. Esto abre la puerta a nuevas inversiones en hidrógeno verde, movilidad eléctrica, redes inteligentes y energías renovables. Sin embargo, para capitalizar esta ventaja, los países deben fortalecer marcos regulatorios, reducir incertidumbre institucional y mejorar la infraestructura de transmisión.

En paralelo, los riesgos también están presentes. La presencia significativa de lobbyistas de combustibles fósiles agrega presión a las negociaciones y recuerda que gran parte de las economías latinoamericanas dependen de petróleo, gas o minería para sostener sus ingresos fiscales. La transición energética podría generar tensiones económicas fuertes si no se acompaña de diversificación productiva, planes de reconversión laboral y acceso constante a financiamiento internacional.

Las expectativas económicas también están marcadas por la vulnerabilidad de la región a eventos climáticos extremos. Huracanes, sequías y pérdidas agrícolas generan impactos fiscales que presionan presupuestos nacionales ya ajustados. Por eso, uno de los debates más relevantes en COP30 es cómo garantizar que los países de renta media (como la mayoría de los latinoamericanos) puedan acceder a fondos climáticos sin quedar excluidos por criterios de ingreso per cápita.

Con días aún por delante, la COP30 se perfila como una cumbre con implicaciones económicas profundas. El desafío para América Latina y el Caribe es transformar estas discusiones en financiamiento real, inversiones concretas y proyectos que eleven la resiliencia y competitividad. La región no solo necesita compromisos globales: necesita resultados tangibles que impulsen crecimiento y desarrollo sostenible.