Por: Carolina Benavides
Ante la pandemia provocada por el covid-19, la economía presentó una contracción y una caída en la actividad económica de Costa Rica. Esto perjudicó a la producción nacional, trajo una disminución de los ingresos del Estado y un aumento de las inversiones y gastos para atender la emergencia sanitaria.
Es por ello, que la nación centroamericana busca un financiamiento por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) de US$1750 millones, que tiene como fin el mejoramiento de las finanzas públicas.
La propuesta que tiene Costa Rica para llegar al acuerdo con el FMI, detalla medidas como la reducción del costo de las cargas sociales para las empresas en al menos 5 puntos porcentuales durante 4 años. Esta acción según el Ministerio de Hacienda, permitirá reducir los costos de la contratación y estimular el empleo.
Además indica, que no afectará las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que siempre recibirá los recursos, financiados con el 1% del PIB de la recaudación del impuesto de las transacciones financieras.
Otras cuatro medidas que buscan promover el empleo y el crecimiento económico con la disminución de los costos de electricidad, las reformas para la promoción y creación de empleo, el Programa de Recursos Digitales al servicio de la Comunidad Educativa y el plan de alianzas público privadas para la inversión pública.
También se prevé la devolución del IVA de la canasta básica al 20% más pobre de la población costarricense, con lo cual tendrán más dinero disponible para atender sus necesidades.
“Costa Rica a través de su historia ha sido ejemplo de diversos logros, especialmente los asociados a programas de salud, educación, el ambiente sano para las inversiones y las pensiones y seguros solidarios. Sin embargo, los efectos de la crisis sanitaria han generado un impacto económico sin precedentes, es por esta razón que nos hemos abocado a construir una propuesta para lograr un acuerdo razonable, que incluye la disminución significativa del gasto y el aumento de los ingresos, que nos permita hacer un ajuste para beneficio de la familias y que garantice la continuidad de un Estado al servicio de la población costarricense”, aseguró Elián Villegas, ministro de Hacienda.
Nuevos impuestos
Uno de los temas que genera controversia en el país, es el impuesto a las transacciones financieras. Ante esto, la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) del país reaccionó ante esto.
“Es un gravamen ingrato, que se suma a la serie de impuestos que ya de por sí tiene que pagar la ciudadanía. Y si los consumidores no lo consideran un impuesto justo, lo que harán es moverse al efectivo, a mantener bolsas de billetes para pagar en la pulpería, para enviar fondos a un familiar, o para pagar los servicios públicos”, manifestó Danilo Montero, director general de la OCF.
Asimismo, indican que la propuesta resulta contradictoria a los esfuerzos del país en materia de educación financiera y la bancarización de la población. El Banco Central de Costa Rica ha hecho una inversión millonaria por años, en un sistema de pagos que es ejemplo mundial. Ha facilitado el acceso de toda la población, a los beneficios de una plataforma segura y eficiente para hacer transferencias o pagos, reduciendo los costos de las personas o empresas.
“Crear ahora un impuesto a esos movimientos es también una invitación a abandonar el sistema. No solo propicia los riesgos propios del manejo del efectivo. Es que además afectaría el funcionamiento eficiente del sistema productivo, cuando más urge que los agentes económicos reactiven sus negocios. En el fondo, es un estímulo a la informalidad, que a su vez incide en la urgente generación de ingresos al Estado. Nada de esto favorece el bienestar de los consumidores”, agregan en un comunicado.
Por su parte, en la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), indicaron que resulta en extremo preocupante que las medidas que se pretenden impulsar se enfocan fundamentalmente en aumentar la carga tributaria sobre las empresas y los ciudadanos, en un contexto en el que urge que la economía se reactive para combatir los niveles de desempleo y subempleo que estamos enfrentando. Es indudable que más impuestos provocarán una mayor ralentización de la actividad económica, aumentando el desempleo y profundizando la crisis social.
Entre las medidas tributarias destaca el cobro del 5% en remesas al exterior a todas las rentas de fuente costarricense de personas físicas y jurídicas no domiciliadas en Costa Rica. Proponen el aumento del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles en 0,50 puntos porcentuales y la eliminación de exoneraciones a cooperativas, salario escolar, rentas de capital y SUTEL, entre otras.
Asimismo, se cobrará durante 4 años una pequeña tarifa a todas las transacciones bancarias y de valores. Los dos primeros años será del 0,3%; en los siguientes 2 años, el cobro se bajará a un 0,2%.
En cuanto los salarios, este tributo extraordinario no afectará a salarios menores de ¢840.000. Pero se cobrará un 2,5% adicional a los ingresos mayores de ¢840.000, un 5% extra para ingresos superiores a ¢1.233.000 y un 10% adicional a los ingresos superiores a los ¢4.325.000.
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