Un reciente informe de Stand.earth y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) revela que solo uno de los seis principales bancos que financian la extracción de petróleo y gas en la Amazonía cuenta con políticas efectivas para proteger esta región crucial
(M&T)-. El informe "El blanqueo ecológico en la Amazonía" detalla cómo los bancos Citibank, JPMorgan Chase, Itaú Unibanco, Santander y Bank of America dejan al 71% de la Amazonía vulnerable debido a marcos de gestión de riesgos ambientales y sociales inadecuados. HSBC es el único banco que ha implementado una política de exclusión geográfica, comprometiéndose a no financiar nuevas actividades de petróleo y gas en la región desde diciembre de 2022.
Impacto ambiental y social:
Ecuador: Entre 2006 y 2022, se registraron más de 4,600 incidentes de derrames de petróleo y casos de contaminación, de los cuales más de 530 ocurrieron en territorios indígenas.
Perú: El 33% de los territorios indígenas (15.4 millones de hectáreas) se superponen con áreas de concesiones petroleras y gasísticas. La expansión incluye la ampliación multimillonaria de la refinería de Talara de Petroperú, aumentando la presión para la producción de petróleo en la Amazonía peruana.
Problemas en territorios indígenas:
En Ecuador, los bloques de petróleo y gas se superponen al 65% (4.5 millones de hectáreas) de los territorios indígenas, donde se han registrado numerosos derrames que han afectado gravemente a las comunidades indígenas.
En Perú, casi el 20% de una superficie estimada de 7.460.000 hectáreas de reservas destinadas a la protección de los Pueblos Indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) coinciden con bloques petrolíferos y gasísticos.
Los líderes indígenas y el Relator Especial de la ONU sostienen que las leyes y procedimientos de consulta para el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) en América Latina no incluyeron a los pueblos indígenas, lo que ha permitido la violación de sus derechos y la destrucción de sus territorios. En Ecuador, Perú y Colombia, la industria petrolera ha causado más de 8,200 pasivos ambientales, incluyendo derrames de petróleo y la construcción de carreteras en la selva tropical.
Políticas Bancarias Inadecuadas:
Citibank y JPMorgan Chase: Son los principales financiadores de petróleo y gas en la Amazonía, con $2,320 millones y $2,250 millones de dólares, respectivamente, destinados al financiamiento directo del sector en los últimos 20 años. Sin embargo, sus políticas de exclusión y filtros son insuficientes para proteger la región.
Itaú Unibanco: No tiene exclusiones ni filtros aplicables a las operaciones de petróleo y gas en la región, dejando el 99% de sus operaciones en la Amazonía sin protección adecuada.
Santander: Aunque tiene una de las políticas de exclusión más amplias, cubriendo el 16% de la Amazonía, el 85% de sus transacciones rastreadas en la región son para bonos sindicados, que carecen de transparencia y responsabilidad.
Bank of America: El mayor financista de petróleo y gas en la Amazonía en 2023, con el 99% de sus transacciones sindicadas y el 95% para uso amplio de ingresos, lo que limita el escrutinio y la diligencia debida.
Recomendaciones del informe
El informe aconseja que los bancos adopten una exclusión geográfica que abarque todas las transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en la Amazonía. Este enfoque es similar a las exclusiones del Ártico adoptadas por algunos bancos en 2020. Además, se recomienda que los bancos:
No realicen más financiamientos o inversiones nuevas en petróleo y gas.
Terminen los financiamientos e inversiones vigentes de petróleo y gas.
Finalicen el financiamiento de comercialización de petróleo y gas.
Ajusten las carteras de financiamiento para enfrentar las crisis climática y de biodiversidad y apoyar el desarrollo sostenible para proteger el 80% restante de la Amazonía para 2025.
Llamado a la Acción
Stand.earth y COICA instan a los bancos a actuar de inmediato para detener el financiamiento de actividades que destruyen la Amazonía y amenazan los derechos de los pueblos indígenas. "Si los bancos realmente se preocupan por los derechos indígenas, deberían dejar de financiar actividades que nos están causando daño," afirmó José Esach, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE).
Este informe destaca la urgente necesidad de que los bancos adopten políticas más estrictas y efectivas para proteger la Amazonía, su biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas, mientras el mundo enfrenta las crisis del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
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